“Habiendo recabado los informes técnicos, legales, médicos y forenses de la Policía y la identificación de los dueños de las graderías, ya enviamos los datos al Ministerio Público que será quien determine el resarcimiento de los daños”, explicó.
Según lo previsto en el reglamento del Carnaval corresponde a los adjudicatarios de las graderías cubrir los daños causados a las personas heridas. Las sanciones van desde el arresto, la multa de 2.000 bolivianos hasta el veto para la compra de sitios el siguiente Corso.
Romero reiteró que el éxito de una entrada depende del comportamiento del público, por lo que una vez terminado el Carnaval, el 23 de marzo, se realizará una evaluación integral de las actividades y se plantearán ajustes para el Corso de Corsos de 2015.
Los Tiempos
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